Los sindicatos, de la mano del Ministerio de Trabajo, han llevado a la mesa de negociación de la reforma laboral una propuesta que arrebataría a las empresas la capacidad para decidir si reincorporan o no a un trabajador en los casos en los que el despido sea declarado improcedente.
El fin de año es el momento clave para el sector de la logística que se enfrenta a un cierre de ejercicio con volúmenes de trabajo muy altos mientras hace frente a una subida de costes y la amenaza de los paros y huelgas del transporte. elEconomista ha hablado con Luis Doncel, director general de GLS Iberia, para conocer su opinión.
La exteriorización social y económica de las extinciones de contratos de trabajo por parte de entidades empresariales acostumbran a diseccionarse tendiendo exclusivamente a la cuantía indemnizatoria que la legislación aplicable atribuya en cada caso.
Los sindicatos han planteado recientemente de forma verbal en la mesa de la reforma laboral que en caso de despido improcedente corresponda al trabajador y no al empresario decidir si continúa trabajando en la empresa, según explica a eE una fuente empresarial conocedora de la negociación que no desvela de cuál de los dos sindicatos partió la iniciativa. Esta misma fuente señala que la iniciativa sindical contó con el aval del Ministerio de Trabajo.
El Gobierno ha presentado a patronal y sindicatos el esquema de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social del nuevo modelo de Ertes y mecanismo RED, que incluirá en la nueva reforma laboral.
Este fin de semana el Ministerio de Trabajo ha remitido a los agentes sociales que negocian la reforma laboral un nuevo documento centrado en los futuros Ertes y los Mecanismos RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo al que ha tenido acceso elEconomista. Con esta nueva propuesta, el Gobierno pretender acercar un poco más las posturas para poder cerrar esta semana un acuerdo con empresarios y sindicatos.En él se establecen las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social a las que tendrán derecho las empresas que se acojan a ambos mecanismos de suspensión del contrato o reducción de jornada en momentos excepcionales.
La ola de reveses al crecimiento económico español está sobrepasando la vista a medio plazo del Gobierno. El último organismo internacional en rebajar el crecimiento del PIB español es el Fondo Monetario Internacional (FMI): prevé cerrar 2021 con un 4,6% y para el 2022 espera un 5,8%, aplazando de esta manera la recuperación completa hasta 2023. Las nuevas perspectivas económicas del FMI recortan un 1,1% el alza de la economía española que preveía el propio organismo en octubre, pero el revés al dinamismo en la actividad en otoño y la incertidumbre de ómicron cambia el horizonte. La nueva perspectiva también reduce el crecimiento de 2022 del 6,4% de octubre al 5,8% actual.
Ayer se volvió a reunir la mesa encargada de buscar un acuerdo para reformar el actual marco judicial de las relaciones laborales en una maratoniana recta final de las negociaciones. Trabajan contrarreloj, pues la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue empeñada en cumplir el compromiso de aprobarla antes de que finalice el año que adquirió ante Bruselas aunque la Comisión Europea no lo exige y el resto del gabinete del Gobierno. Eso supondría tener un texto para ser sometido al Consejo de Ministros del martes 28, aunque siempre queda un extraordinario el mismo 31 de diciembre.
El Comité Ejecutivo de CEOE ha dado finalmente el visto bueno a las líneas generales de la reforma laboral que ha planteado el Ejecutivo en la mesa de diálogo social. Pero eso no quiere decir que la patronal acepte por unanimidad la nueva normativa.
La patronal y lo sindicatos han dado este jueves tras meses de intensas negociaciones su bendición a las líneas generales de la reforma laboral redactadas por el Gobierno. El Comité Ejecutivo de CEOE ha sido el primero en dar un 'sí' que ha llegado tras un tenso intercambio de pareceres en el que se ha evidenciado la división entre los empresarios con el hecho de que se vaya a admitir finalmente que prevalezca el convenio sectorial sobre el de la empresa y la ultraaactividad. También ha generado polémica que no haya cláusula de descuelgue con los salarios y por tanto estos vayan a estar indexados a lo que establezcan los convenios sectoriales. Editorial | Un duro golpe a la competitividad.
La CEOE y los sindicatos han dado el visto bueno a las líneas generales de la reforma laboral. Pero eso no quiere decir que la patronal acepte por unanimidad la normativa. Tanto es así que en la reunión ha habido destacadas abstenciones, como la de la patronal madrileña CEIM, la catalana Foment, o la de los autónomos UPTA.
La patronal y los sindicatos dieron ayer su bendición a las líneas generales de la reforma laboral negociada por el Gobierno. El Comité Ejecutivo de CEOE fue el primero en dar un sí tras un tenso intercambio de pareceres en el que se evidenció la división entre los empresarios con el hecho de que se vaya a admitir finalmente que en materia salarial prevalezcan los convenios sectoriales sobre el de la empresa y la ultraaactividad, según señalan fuentes empresariales a eE. Generó polémica que no haya cláusula de descuelgue específica para los salarios -y tengan que ir por el complicado sistema establecido en el artículo 83 del ET- y, por tanto, estos vayan a estar indexados a lo que establezcan los convenios sectoriales.
El texto de reforma laboral planteado por el Gobierno y al que han dado el visto bueno ya sindicatos y empresarios introduce varias modificaciones al Estatuto de los Trabajadores. El documento, al que ha tenido acceso elEconomista todavía podría sufrir alguna modificación de última hora antes del martes. Las novedades afectan a la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España.
El Banco de Pekín sorprendió esta semana con una bajada de los tipos de interés de referencia de los créditos a un año, a contracorriente del resto de los bancos centrales del planeta, después de que hace unas semanas redujera en medio punto el coeficiente de reservas obligatorias a las entidades financieras para estimular su economía. El lunes, las bolsas de medio mundo se asustaron. Los parqués tanto de Shanghai como de Hong Kong cerraron con un desplome, que reverberó en el resto de las plazas asiáticas, con caídas próximas al dos por ciento. ¿Tan mal está la economía china?
Ironías del destino o conjunción astral. Sea como fuere lo cierto es que en esta ocasión los hados se han conjurado para hacer coincidir la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado con el día de los Inocentes.
Los contratos temporales de menos de 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario una vez haya finalizado. Así consta en un nuevo texto de la reforma laboral que el Gobierno ha trasladado a los agentes sociales y que modifica algunos aspectos del del pasado miércoles que fue debatido por los órganos directivos de las asociaciones empresariales y sindicales y recibió su visto bueno. El texto, que podría ser el definitivo, será el que se lleve al Consejo de Ministros de este martes para su aprobación
El último, y parece que definitivo, borrador de la reforma laboral contempla que los contratos temporales de menos de 30 días se penalicen triplicando la cotización por contingencias comunes que pagan las empresas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una reforma laboral que arrebata a miles de empresas la flexibilidad que requieren para contratar.
El Gobierno quiere tomar la vía rápida para reducir, en términos meramente estadísticos, la temporalidad, sin que eso suponga un refuerzo real de la estabilidad laboral. Su principal instrumento será el impulso que la nueva reforma del mercado de trabajo dará al polémico contrato fijo discontinuo, gracias al cual un millón de asalariados no serán registrados como temporales, pese a que sus condiciones de trabajo serán en la práctica idénticas a quienes sí se sujetan, oficialmente, a un contrato de ese último tipo.
La reforma laboral ayer aprobada en Consejo de Ministros no implica una derogación de su antecesora de 2012. No obstante, sí provocará importantes cambios que marcan un antes y un después en la negociación colectiva, la contratación temporal y la creación del mecanismo RED. A continuación se desgranan las principales modificaciones:
La letra pequeña del borrador de la reforma laboral que ayer aprobó el Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso elEconomista, contiene sorpresas para las empresas. Así ocurre especialmente con el Artículo 16 dedicado al contrato indefinido de carácter discontinuo, cuyas nuevas disposiciones elevarán sustancialmente las compensaciones a las que estos trabajadores tendrán derecho, en el caso de que la empresa se vea obligada a prescindir de ellos.
La nueva reforma laboral deroga el despido por causas objetivas para el personal contratado de las administraciones públicas, introducido en la legislación de 2012 para intentar racionalizar el sobredimensionado sector público.
La nueva reforma laboral contiene una buena noticia para el personal contratado en las Administraciones públicas. Estos trabajadores, cuyo número se sitúa en el entorno de los 1,1 millones según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), quedan blindados frente a la posibilidad de sufrir un despido por causas objetivas o un expediente de regulación de empleo.
Las empresas que estando en Erte o dentro del Mecanismo RED contraten a personas para cubrir funciones que pueden ser desarrolladas por su personal tendrán que abonar una sanción que oscila entre 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en el máximo. La gran novedad es que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, las infracciones graves similares se sancionaban con 8.000 euros por empresa y a partir de hoy será de hasta 10.000 euros, por cada trabajador contratado.
La Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña (ConfeCat) calificó ayer de ilógica e insostenible la decisión del Gobierno de modificar al alza las indemnizaciones por despido de los trabajadores fijos discontinuos, según la reforma laboral, y exigió que sea corregida de forma urgente.
A hora que vamos despacio vamos a contar mentiras. Valga esta primera estrofa de la popular cancioncilla infantil para valorar y definir la comparecencia de Pedro Sánchez el miércoles en La Moncloa para hacer balance del año y de lo que llevamos de legislatura.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se presentó a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con aires de grandeza. "Hoy no es un día cualquiera. Es uno de los días más importantes del Gobierno y de esta legislatura", señaló para apuntarse el tanto de la reforma laboral sellada con patronal y sindicatos la víspera de Nochebuena. Y continuó diciendo, bajo la mirada ausente de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que la reforma "va a cambiar la vida de la gente", que acabará con la "depreciación laboral y la devaluación salarial" y que "pasa página a la precariedad laboral". Toda una sarta de frases manidas y tópicas contra la reforma laboral de 2012 que la vicepresidenta pretende utilizar con fines partidistas para lanzar su proyecto político para las próximas elecciones.
El texto de la reforma laboral despeja la incógnitas sobre el papel que tendrán las ETT. Se establece que será su convenio el que prevalezca a la hora de realizar el llamamiento de los trabajadores con contrato fijo discontinuo, con el objeto de generalizar su utilización.
El Gobierno delega en las propias empresas de trabajo temporal la regulación de los criterios que deberán regir el "llamamiento" de las personas fijas-discontinuas que se incorporen en las plantillas de este tipo de empresas, dando una mayor flexibilidad a la gestión de sus trabajadores.
La llegada de la pandemia, hace ya prácticamente dos años, ha puesto de manifiesto el anquilosamiento, caducidad y la necesidad de transformar nuestra economía. El actual traje no da para más, se deshilacha por todas las costuras.