El desembolso destinado a pensiones se ha incrementado en casi un 10% por trabajador desde 2019, sumando las plantillas del sector privado y las propias del público. El año previo a la crisis provocó un retroceso de los ingresos por cotizaciones mientras el gasto en pensiones se ha visto incrementado en casi 20.000 millones por medidas como volver a indexar estas transferencias al IPC. Así, el coste neto que afronta cada trabajador del sector privado para mantener el gasto en pensiones asciende a 10.000 euros anuales, lo que supone un incremento del 15,5% desde 2019, cuando era 8.750 euros.
seguridad social
- Cotizaciones
- UE
- Inspección De Trabajo
- Pension
- Ccoo
- Empleos
- Desempleo
- Tomás Burgos
- Fátima Báñez
- Ministerio De Empleo
- Esperanza Aguirre
- Autónomos
- PP
- CEOE
- España
- IRPF
- Andalucía
- Agencia Tributaria
- Pib
- ERE
- Comunidades Autónomas
- Aragon
- Murcia
- Consejo De Ministros
- Extremadura
- Castilla Y León
- Comunidad Valenciana
- Ministerio De Hacienda
- La Rioja
- Junta De Andalucía
- Pensiones
- Ugt
- Economia
- Senado
- Empresas
- Cantabria
- Castilla-la Mancha
- País Vasco
- Cataluña
- Asturias
- Trabajo
- Congreso De Los Diputados
- Mariano Rajoy
- Valladolid
- Sindicatos
- IU
- PSOE
- Madrid
Noticias de Seguridad social
Cuando un ciudadano viaja como turista o por otra serie de razones a un país extranjero uno de los aspectos que más debe tener en cuenta es su cobertura sanitaria. En ocasiones esto se resuelve mediante la contratación de un seguro médico, pero si se trata de un país de la Unión Europea estas personas podrán garantizarse cierta asistencia médica.
El Tribunal de Cuentas ha cuantificado este martes en el Congreso en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiados por la Administración General del Estado.
Cómo saber las bases por las que has cotizado a la Seguridad Social: este es el método del organismo
Una de las principales pretensiones de los trabajadores cuando consiguen un empleo (al margen de la más evidente: para cobrar un salario que les permita satisfacer todas sus necesidades) es la de cotizar a la Seguridad Social durante todo el tiempo en el que desarrollen la actividad para la que fueron contratados en su empresa.
Casi dos años después de su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital está muy cerca de llegar a un millón de personas. Los ciudadanos que pueden pedirlo y todavía no lo han hecho deben saber que existe la forma de solicitar esta ayuda de forma telemática, sin necesidad de acudir a ninguna oficina de la Seguridad Social y sin necesidad de poseer algún método de acceso concreto.
Los autónomos que quieran cambiar su base de cotización tienen hasta final de este mes para elevarla o aumentarla. En concreto, el plazo para variar la cuota a la Seguridad Social finaliza este próximo 31 de marzo.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en sentencia de 16 de marzo de 2022, y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo, en sentencia de 17 de marzo de 2022, aplican, en ambos casos, la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), declarando el derecho de las empleadas del hogar a cotizar por la contingencia de desempleo, en su sentencia de 24 de febrero del 2022.
El ciudadano siempre encara los últimos años de su vida laboral pensando cuándo podrá jubilarse y con qué pensión de jubilación. Sin embargo, podrá despejar ciertas dudas si acude a los organismos oficiales como, por ejemplo, la Seguridad Social que se encarga de gestionar este tipo de prestaciones.
Es uno de los elementos más comunes en el paso a la vida adulta cuando una persona comienza un trabajo. El Número de la Seguridad Social es uno de los documentos más importantes para un trabajador por múltiples razones, pero en ocasiones el conocimiento sobre él e sun poco difuso.
Uno de los debates en torno al sistema de pensiones español es la sostenibilidad del propio sistema ante el próximo esfuerzo que supondrá el pago de las pensiones de la generación del 'baby boom'. Frente a ese problema ya se ha decretado una medida que afecta de forma directa a la cotización de los trabajadores.
Aunque cada vez es más frecuente la realización de trámites por vía telemática, lo cierto es que en casos de duda lo mejor es acudir presencialmente a las oficinas de los organismos oficiales. Para ello, y en un contexto de restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, es indispensable la petición de cita previa.
Cuando se habla del problema de las pensiones en España es importante conocer que hay un cómputo de elementos que ejercen negativamente sobre la sostenibilidad financiera del Sistema. Es un problema de sostenibilidad de las cuentas públicas que pone en jaque la generosidad de las pensiones futuras. Las actuales pensiones tienen garantizada el poder de compra mediante la revalorización en torno al aumento de la inflación, si bien comprometen las cuentas a largo plazo. Sobre el foco, las características demográficas que hacen de España un país abocado a tener problemas de pensiones: esperanza de vida, edad media española, nacimientos y, especialmente, la presión de una generación histórica.
España cerró el déficit de las Administraciones Públicas en el 6,76% del PIB en 2021, frente al 10,08% del año anterior. Se trata de la mayor reducción de la serie histórica y mejora en punto y medio lo previsto inicialmente por el Ejecutivo. Además de la innegable recuperación económica tras la crisis del Covid, dos factores han posibilitado este descenso.
Una de las luchas del Gobierno ha sido la de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha tenido varios episodios y por el momento ha dejado esta cantidad en 1.000 euros mensuales después del último incremento aprobado con el 'sí' de los sindicatos y sin el acuerdo con la patronal. Una medida que tiene mayores efectos en determinados sectores.
El mejor comportamiento que presenta el déficit de la Seguridad Social española está muy lejos de significar que se acabaron los problemas financieros en las cuentas de esta Administración. Su deuda muestra una evolución mucho más negativa, ya que continúa al alza y se ha más que duplicado (al crecer un 135%) desde los niveles que presentaba en 2018.
La vida laboral es el documento más importante de los trabajadores, ya que recoge toda la cotización que estas personas han realizado durante su carrera profesional, al menos a ojos de la Seguridad Social. Es por ello que, cuando existen errores en esta vida laboral, el ciudadano puede estar ante un verdadero problema.
Una de las confusiones más habituales que se producen en las personas cerca de jubilarse es a partir de qué edad pueden ejercitar esa jubilación y dejar atrás toda una vida de trabajo. Se trata de una pregunta que no tiene una única respuesta y que, de hecho, tiene respuestas diferentes conforme cada año que pasa.
La Campaña de la Renta 2021-2022 ya es una realidad después de que este miércoles 6 de abril se haya abierto la posibilidad de presentar las declaraciones por internet o la app móvil de la Agencia Tributaria. Una fecha que también es importante para el millón de personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en nuestro país.
La protección a asalariados y autónomos por el Covid ha costado a las arcas del estado 31.130 millones de euros durante los años 2020 y 2021. De ellos, 19.630 millones se han destinado a abonar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) y 11.500 millones de euros para los ceses de actividad.
Las más de 950.000 personas que actualmente perciben una pensión de incapacidad permanente en nuestro país tuvieron que pasar por toda una serie de trámites para conseguir el cobro de la prestación. Es un proceso largo y con diferentes etapas (entre ellas, la más importante, la del tribunal médico) del que no todos los aspirantes salen bien parados: algunos verán cómo se les deniega la pensión.
Aunque a menudo el gran deseo de los trabajadores jubilarse cuando les llega la edad de jubilación ordinaria (o incluso adelantarse a esa edad si reúnen los requisitos necesarios), existen ocasiones en las que estas personas, por el motivo que sea, prefieren retrasar la llegada de la jubilación y seguir trabajando durante un periodo de tiempo.
Si hay una pregunta que se hace el grueso de los trabajadores a lo largo de su vida es con qué pensión de jubilación se quedarán cuando decidan retirarse definitivamente y aparcar su carrera profesional.
Aunque se trata de un elemento indispensable en nuestra vida (ya sea en la vertiente laboral o en la de cobertura asistencial), el Número de la Seguridad Social a menudo es un perfecto desconocido. De hecho, no es nada extraño que el ciudadano no conozca cuál es ese número que, en la práctica, regula sus relaciones con el organismo.
El 'naufragio' renovable de la Generalitat
El plan de la Generalitat de Cataluña de convertir a la comunidad en una "isla energética" gracias a las renovables hace aguas. Es un secreto a voces en el sector, que observa con consternación como la región no hace más que caer en en el ranking de potencia instalada, llegando a estar por debajo incluso de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Aunque el retraso catalán en este ámbito viene de antiguo, las empresas culpan al Govern actual de haberlo empeorado. "Apenas se instala nueva potencia, pero fríen a la industria y a los ciudadanos a impuestos que se supone que son para impulsar la transición energética", comentan. Todos los dedos señalan a la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, a quien acusan de "inventarse" nuevos tributos con el único objetivo de "hacer caja". Pero en el contexto el actual, marcado por la guerra de Ucrania, decisiones como la de subir los impuestos a las nucleares pueden disparar aún más la factura de los hogares. "Dicen que lo recaudado irá destinado a un fondo para renovables, pero ¿qué empresa va a fiarse con estos vaivenes?", se preguntan algunos expertos en energías limpias, cada vez más escépticos. Para ellos, esta política "confiscatoria" solo sirve para crear rechazo social a la transición ecológica.La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) prevé que el gasto extra de revalorizar las pensiones indexadas a la evolución de la inflación cueste 10.200 millones el próximo ejercicio. En concreto, estiman que la indexación de la retribución pública para mantener el poder adquisitivo de los jubilados supone 1.700 millones de euros por cada punto de inflación.
La Seguridad Social tiene una faceta recaudatoria que, en caso de impagos, puede conllevar el embargo de diferentes inmuebles que posteriormente han de ser subastados. En esas situaciones pueden surgir oportunidades para los ciudadanos que estén bien informados de estos procesos.
Además de para conseguir un salario con el que poder pagar alquiler, facturas y satisfacer otras necesidades, el trabajador tiene otro objetivo a lo largo de su trayectoria profesional: acumular las cotizaciones necesarias para disfrutar en el futuro de una pensión de jubilación que le permita vivir de forma tranquila cuando se retire.
La evolución de la inflación provoca un descuadre en las cuentas contributivas de la Seguridad Social de unos 15.200 millones extra. El gasto en pensiones crecerá un 8,4%, mientras las cuotas sociales que alimentan el Sistema lo hará un 5% con una inflación media esperada del 6%. Este impacto presupuestario en las cuentas del componente contributivo de la Seguridad Social se deberá cubrir con transferencias del Estado con cargos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. Tanto Escrivá, como Calviño, como Montero han garantizado ya la revalorización.
En el primer trimestre del año se han destruido 9.700 empleos por cuenta propia, en su gran mayoría concentrados en el sector de comercio y reparación de vehículos que ha perdido 8.164 autónomos en el periodo, según un informe realizado por Upta al que ha tenido acceso eE. En lo que va de año se han dado de alta 151.233 trabajadores en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (Reta), mientras que 160.940 se han dado de baja.
"Soy mayor no idiota" debería gritarse también en la administración pública, no solo a los bancos. Esta plataforma liderada por Carlos San Juan de Laorden para visibilizar las tremendas dificultades de la brecha digital en los más mayores con el sector bancario pone de manifiesto una realidad necesaria: la de garantizar los derechos sociales de aquellos colectivos que no tienen acceso a la digitalización porque han nacido en otra época. Esos derechos sociales, amparados por la Constitución, son olvidados por la propia Tesorería General de la Seguridad Social cuando nuestros mayores necesitan contratar a una persona en su domicilio.