El grupo de supermercados francés E. Leclerc se enfrenta a los tribunales por el impago en un centro comercial de Madrid. Los propietarios del centro Gran Manzana de la localidad de Alcobendas han presentado una demanda en el juzgado ante los impagos reiterados por parte de la compañía, que pese a que cerró el hipermercado que tenía en su interior en 2016 sigue obligado a pagar las tasas correspondientes, según explican las fuentes consultadas.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Izquierda Unida de Castilla y León contra el auto de la Audiencia Provincial de León, de 3 de septiembre de 2018, que confirmó el archivo del 'caso Caja España' por prescripción del delito.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes que el Departamento de Sanidad ha suministrado los EPI a los profesionales "en función de la disponibilidad" y ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel que ha estimado la demanda presentada por los sindicatos médicos sobre este aspecto. De cara a futuros rebrotes de la COVID-19, el Salud cuenta con material para cuatro meses.
La Fundación Artemisan y la Federación de Caza de Castilla y León han interpuesto una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), a los que considera responsables de un presunto delito de prevaricación judicial.
La Junta de Castilla y León ha remitido al Gobierno el requerimiento previo a la vía judicial para cobrar los 182 millones del IVA correspondientes a la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2017, según han informadofuentes del Ejecutivo regional.
El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré fue detenido anoche en su domicilio de la localidad madrileña de Majadahonda por un presunto delito de violencia de género, según han informado este martes fuentes de la investigación.
La anulación por parte de un juez de las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, y de otro, en Alcázar de San Juan, para combatir los rebrotes del Covid-19, como la prohibición de fumar o el cierre del ocio nocturno, son, una vez más, la constatación de que existe una grave laguna legal que genera indefensión y mucha preocupación entre los ciudadanos, puesto que unas medidas son admitidas por la judicatura en unas comunidades autónomas y rechazadas en otras, todo depende de la interpretación que haga el juez de turno.
La hostelería española está en pie de guerra. Miles de propietarios de bares y restaurantes de todo el país están preparando un aluvión de demandas contra el Estado para exigir una indemnización por la caída de las ventas de sus negocios y la quiebra de muchos de ellos a raíz de las restricciones impuestas a causa de la pandemia. José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, explica "el importe total de las reclamaciones podría superar los 40.000 millones de euros". La patronal va a canalizar las acciones legales y ofrecer la asesoría jurídica, aunque al final tengan que ser cada una de las empresas las que presente una reclamación a título individual.
El Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza ha condenado a Wizink, anteriormente Cepsa, por usura, teniendo que devolver a un cliente de Zaragoza las cantidades abonadas que exceden del capital prestado al haberse aplicado intereses abusivos en una tarjeta revolving.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, declarará este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Calama en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. La comparecencia se realizará por videoconferencia.
Entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, los Juzgados y Tribunales dictaron ocho sentencias en procedimientos por corrupción. De ellas, siete fueron condenatorias y sólo una, absolutoria, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 87,5 por ciento de los casos.La información ofrecida detalla si las sentencias han sido absolutorias o condenatorias y, dentro de éstas últimas, si lo han sido con o sin conformidad, así como si han sido parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado un auto en el que los magistrados no ratifican la prórroga de las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón en materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio turolense de Andorra, y las califican de "ilegítimas".
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha acordado este viernes, 9 de octubre, suspender la medida establecida en la orden del Departamento de Sanidad del Gobierno autonómico por la que se limita el aforo en bares y restaurantes de la ciudad de Zaragoza hasta el próximo día 14 por lo que se mantienen los previstos en la nueva normalidad. Sí queda prohibido el uso de las barras hasta la citada fecha.
El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona acordaba este domingo mantener en libertad provisional a Angela Dobrowolski, de 37 años, investigada por el presunto intento de asesinato de su esposo, el productor de televisión Josep Maria Mainat, de 74 años, de quien le ha impuesto una orden de alejamiento.
El Ministerio de Justicia ha iniciado la fase de consulta pública del anteproyecto de ley por el que los juzgados unipersonales se transformarán en tribunales de instancia, los juzgados de paz pasarán a ser oficinas judiciales municipales y se creará la oficina judicial digital.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo supervisor de la bolsa española, contra la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este le instaba a revelar a un particular detalles sobre sanciones impuestas al extinto Banco Popular y el alto tribunal le ha acabado dando la razón.
Los juzgados de primera instancia están comenzando a reconocer el derecho a percibir el complemento de maternidad de pensión de jubilación a un varón, en línea por lo dictado el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce como discriminatorio que solo lo cobren las mujeres.
El Juzgado de lo Social de Teruel ha estimado la demanda del pensionista al considerar que no son conforme a derecho las resoluciones adoptadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Tesorería de la Seguridad Social en relación a la solicitud del pensionista y su posterior reclamación en las que se rechazaba que percibiera este complemento.
La batalla contra la cláusula de salvaguarda del empleo, que exige que las empresas acogidas a un Erte no puedan despedir hasta transcurridos seis meses desde el día en que incorporaron al primer trabajador, no se dará en los despachos del Ministerio de Trabajo, sino en los tribunales. Así al menos opinan los expertos en derecho laboral.
El Gobierno vasco ha recibido un nuevo varapalo a la gestión que realiza de la pandemia por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), al permitir la reapertura de la hostelería ubicada en municipios en zona de alta incidencia de contagios.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha inadmitido una querella contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa al acordar el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha encausado a 17 personas por la trama de las eólicas por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal.
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha emitido una sentencia en la que se excluye la vivienda familiar en un proceso concursal de personas naturales en Aragón en el marco de la ley de Segunda Oportunidad.
La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso presentado por Deliveroo (Roofoods Spain SL) contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza el pasado 27 de abril de 2020, confirmando íntegramente la resolución.
El jurado ha considerado a Norbert Feher, acusado del triple crimen de Andora (Teruel), culpable de tres delitos de asesinato, en las personas del ganadero José Luis Iranzo, de 40 años de edad, y de los agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, de 30 y 38 años, respectivamente. Los hechos se produjeron el 14 de diciembre de 2017.
No hay sorpresas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado luz verde legal a las medidas propuestas por la Generalitat Valenciana tras el fin del estado de alarma, que incluyen mantener el toque de queda de las 0.00 horas a las 6.00 horas.
Los juzgados unipersonales van a desaparecer, sustituidos por los Tribunales de Instancia en cada partido judicial y por el Tribunal Central de Instancia, una vez que entre en vigor el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que actualmente se encuentra en fase de consulta pública.
La actividad de los órganos judiciales en toda España ha experimentado durante el primer trimestre del año un aumento generalizado, según el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2021, publicado hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El grupo parlamentario de VOX de las Cortes de Aragón ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo especial ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la Orden del Gobierno autonómico, de 3 de junio, por la que se declara el nivel 2 de alerta sanitaria ante la COVID-19 y se modulan las medidas aplicables en las tres provincias aragonesas.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón consideran que alguno de los preceptos contenidos en los Reales Decretos 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado de alarma y el 956/2020, de 3 de noviembre, que lo prorrogaba, podrían ser contrarios a la Constitución.